Tegucigalpa.- (jueves 1 de octubre 2009).- En prisión preventiva al interior de la Penitenciaría Nacional (PN), ubicada en Támara, Francisco Morazán se encuentran 38 ciudadanos acusados de sedición, mientras enfrentan juicio en los tribunales de la República.
Los privados de libertad comprenden el grupo de 55 personas que fueron desalojadas de las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), cuando la madrugada del
miércoles 30 de septiembre más de un centenar de policías y militares irrumpió en las oficinas estatales.
Afortunadamente durante el desalojo, no se produjo uso excesivo de la fuerza y los detenidos y detenidas, abandonaron las instalaciones y fueron conducidas a la Jefatura Metropolitana de Policía Número 1, más conocida como CORE 7.
Por la intervención de la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva junto a procuradoras de derechos humanos y del Frente de Abogados contra el Golpe, se logró que las 6 mujeres campesinas detenidas lograran su libertad condicionada.
De igual forma se conoció que 3 hombres mayores de 60 años fueran dejados en libertad condicional y que los 2 menores de edad, se enviaran al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA).
Los menores de edad que están en custodia del IHNFA permanecerán ahí hasta que se realice una audiencia de revisión de medidas, ya que en legislación de menores son 60 días para que se establezca una audiencia de juzgamiento.
Hay que considerar que si no se presenta una solicitud de medidas, los menores permanecerán bajo la custodia del organismo estatal, a menos que sus padres se presentan o un adulto se haga responsable de ellos.
Por otro lado se conoció que a 4 empleados del INA, que fueron capturados durante el desalojo, se les concedió un auto de libertad, otorgado por el Ministerio Público con un criterio de oportunidades.
Cabe señalar que las mujeres y los adultos mayores han quedado bajo la protección del COFADEH en Tegucigalpa. Ellos son: José Irene Murillo, Jesús Ramos Cuevas, Carlos Obdulio Portillo, Natividad Mejía Ventura, Genaro Palma.
María Sunilda Morales López, Juana Ferrufino Maradiaga, Nicolasa López Gonzáles, María Angelina Gutiérrez Hernández, Tomasa Gómez y María Elizabeth Benítez Granados.
Se ha fijado audiencia para este martes 6 de octubre a las 9:00 de la mañana en la sede de los tribunales en Comayagüela y nuevamente la jueza Laura Casco ventilará el juicio, la misma que días antes les dictó auto de prisión a los imputados e imputadas.
Pese a que el COFADEH y el Frente de Abogados contra el Golpe de Estado solicitaron que los imputados quedaran en depósito en el CORE 7, puesto que se les acusa de un delito político y deben estar separados de los privados de libertad, acusados por delitos comunes, ésta petición no fue concedida.
La audiencia de declaración de imputado se realizó el miércoles 30 de septiembre en las instalaciones del CORE 7. La audiencia inició a las 11.30 de la noche y concluyó el jueves 1 de octubre a las 6.30 de la mañana.
El juicio se reanudará el martes 6 de octubre a las 9:00 de la mañana en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.
La procuradora de derechos humanos, Kenya Oliva expresó “que hay vicios de nulidad, primero porque no es un requerimiento fiscal sino que a ellos les dictan auto de prisión por una ampliación del requerimiento fiscal, lo que tiene el juez de turno para dictar un auto de prisión, es un requerimiento fiscal que él no conoce”.
La otra es que el juez no contaba con la investigación preliminar del Ministerio Público que lo llevara a la convicción que estas personas estaba dentro de un tipo penal, o sea a que el Ministerio Público tiene que presentarle al juez el requerimiento fiscal junto con la investigación preliminar, explicó Oliva.
Añadió que la defensa pidió un acopia del expediente investigativo porque esto es necesario para la defensa técnica, “porque si no el derecho a la defensa se está violentando”.
“Se está violentando el debido proceso porque ya el Código establece en qué forma se van a presentar los requerimientos fiscales y se presentarán a los imputados ante el juez y además el derecho a la defensa de estas personas que fueron presentadas”, detalló la procuradora de derechos humanos.
Oliva sostuvo que “esto no es un caso jurídico, es político, entonces la preocupación y la amenaza es que se les dicte una prisión preventiva a ellos y se les condene por el delito de sedición”.
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