Gobierno golpista de Honduras amenaza a sacerdote católico con expulsarlo

23 de agosto 2009. - El Gobierno de facto de Honduras amenazó al sacerdote católico Andrés Tamayo de expulsarlo del país por apoyar el regreso del presidente legítimo, Manuel Zelaya, quién fue derrocado por un golpe de Estado el pasado 28 de junio.

El ministro Justicia del Gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti, Oscar Raúl Matute dijo que "si el religioso no observa el respeto de las leyes hondureñas no se descarta esa posibilidad".

La amenaza de expulsar a Tamayo se adoptó luego de las investigaciones por parte del Gobierno de facto sobre la supuesta implicación del religioso en actos delictivos durante las marchas a favor de "Mel" Zelaya.

Tras el golpe de Estado contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya, el padre Tamayo se sumó al Frente de la Resistencia y ha declarado abiertamente su rechazo al régimen instalado en Tegucigalpa.

"Lo que veo es que simplemente el poder se ha apoderado de todo, hasta de la conciencia del pueblo, él es el que tiene todo el mando, todas las decisiones, uno no es libre, en ningún momento, es lo que han hecho a través de la radio, a través de sus periodistas y analistas; le han robado la conciencia a la gente, no los dejan hablar, sólo transmiten lo que ellos quieren, cada día hay más violencia, los militares tratan de intimidar al pueblo para que no salga a las calles, tratan de meterse a las casa para que la gente no salga", expresó el sacerdote a principios de julio pasado, desde la clandestinidad.

Tamayo, originario de El Salvador, renunció a su nacionalidad para obtener la hondureña, pues deseaba luchar por la preservación de los recursos naturales del país centroamericano.

Sobre las declaraciones del funcionario de facto, Tamayo aseguró que "es una persecución política que están haciendo con mi persona y yo quería preguntarle al mismo gobierno que si es delito acompañar a un pueblo, me siento seguro de lo que hago, me siento firme, no voy a claudicar, no voy a retroceder, estas amenazas tampoco a mi me van a debilitar (...) lejos de eso me hacen más fuerte".

Desde que tomó el poder por la fuerza, el gobierno de facto ha venido emitiendo órdenes para expulsar a personalidades internacionales que se oponen al golpe de Estado.

Ejemplo de ello fue la orden que emitieron de expulsar a diplomáticos venezolanos y argentinos y las amenazas sufridas por los equipos periodísticos de teleSUR y de la estatal Venezolana de Televisión (VTV) para que abandonaran el país.

El 12 de julio, funcionarios del gobierno de facto de Honduras arrestaron a los equipos periodísticos de teleSUR y de VTV, les dijeron que no regresaran al hotel donde se hospedan, que se dirigieran directo al aeropuerto pues en ese país "no hay nada qué informar" y argumentaron, en tono amenazante, que estos atropellos eran responsabilidad del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su más reciente visita finalizada el viernes pasado, recibió denuncias por parte de movimientos sociales y cientos de personas, quienes le expusieron pruebas que evidenciaban diversas violaciones a los derechos fundamentales por parte de los organismos militares y policiales al servicio del Gobierno de facto.

En su informe preliminar, este organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), instó al Ejecutivo de facto de Micheletti a "investigar, juzgar y condenar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos" y denunció, entre otras cosas "la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la Fuerza Pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía", que apoya el regreso de Zelaya.

La misión del organismo añadió que este gobierno ilegal ha aplicado arbitrariamente toques de queda, ha detenido a miles de personas y ha practicado "tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención".

La pasada semana 24 personas fueron detenidas después de haber sido brutalmente golpeadas y heridas de gravedad, tras ser acusados de participar en manifestaciones violentas (pese a que muchos de ellos no hacían parte de ninguna protesta) y se convirtieron en los primeros presos políticos del gobierno inconstitucional.

Asimismo una nota del Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras, publicada el jueves pasado, comunicó que el Gobierno de facto ha venido haciendo audiencias ilegitimas, dando prisión preventiva, medidas sustitutivas y arrestos domiciliarios.